Santo Domingo. Prisioneros de sus propias falsedades para impedir la ejecución del proyecto turístico en el área protegida de Bucanyé en Pedernales, grupos ambientalistas que ya tuvieron que admitir que la ley permite operaciones en ese paisaje, ahora han desatado una campaña basada en una presunta apropiación fraudulenta de terrenos y titulación.
Su obsesión por oponerse a toda inversión que implique desarrollo y bienestar para Pedernales no tiene límites, lo que ha desencadenado la furia de los pobladores de esa provincia y comarcas vecinas que anhelan estos planes turísticos para salir del abandono y la miseria. La conducta de estos grupos no ha pasado desapercibida para los medios de comunicación, con una contundente intervención de la destacada abogada y comentarista Susana Gautreau, quien tildó de “extorsionadores” a los autodefinidos defensores del medio ambiente.
Gautreau dijo que ya fue descartada la existencia de una litis inmobiliaria sobre los terrenos donde se levantará el proyecto, siendo este ‘’uno de los últimos argumentos que los grupos medioambientalitas han invocado para tratar de torpedear la aprobación y desarrollo’’ del proyecto turístico. Recordó también que estos grupos dijeron, primero, que era un área protegida donde no podía desarrollarse el proyecto, aunque luego reconocieron que su categoría 6 de área nacional de recreo permite el desarrollo sostenible de un proyecto que promueva el beneficio social, económico y la protección del medioambiente
La campaña difamatoria de estas asociaciones de defensa del medio ambiente es una estrategia para influir en la opinión pública e impedir la ejecución de un proyecto turístico en el que el pueblo de Pedernales ha depositado su esperanza para tener un futuro de progreso y bienestar.
Estos movimientos se centraron en difundir que los terrenos son ilegales y que los títulos fueron obtenidos en alegada asociación con la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), a pesar de que se adquirieron en 2009 y 2015 durante los gobiernos del PLD. También se recuerda que en una sentencia de la Octava Sala del Tribunal de Tierra, la jueza Alba Beard dictó la exclusión de los terrenos de la parcela 40 y 41 y la 215 B de Pedernales, estableciendo que no eran parte del proceso fraudulento de títulos.
Asimismo, el director general de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), Sigmund Freud, aclaró en su momento que los terrenos donde se desarrollará el proyecto turístico no forman parte del Fideicomiso Pro-Pedernales y el desarrollo en marcha en Cabo Rojo. La Ley 202-04 prevé actividades de desarrollo turístico dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sujeto a que se mantengan los paisajes de una interacción armónica entre el hombre y la tierra, conservación del patrimonio natural y cultural y las condiciones del paisaje original.
Igualmente, los promotores del proyecto están preparados para ajustarse a todos los usos permitidos por la ley, que incluyen recreación y turismo, actividades económicas propias del sitio, usos tradicionales del suelo e infraestructuras de viviendas. También, actividades productivas y de comunicación preexistentes, nuevas infraestructuras turísticas y de otra índole, con regulación de la densidad, altura y ubicación.