Panorama Reportaje. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluyó que diez contrataciones realizadas por el Servicio Nacional de Salud entre 2020 y 2025 reunieron condiciones que pudieron limitar la entrada de nuevos competidores y reforzar la ventaja de los proveedores que ya prestaban los servicios.
El pronunciamiento responde a una solicitud presentada por el Grupo de Medios Panorama después de publicar la investigación “El otro Senasa: nutrición y diálisis, RD$13 mil millones bajo contratos de excepción en el SNS”. El informe, fechado el 7 de septiembre de 2026, cuestiona varios de los argumentos utilizados en febrero por el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, para defender los procedimientos.
Pimentel había sostenido que la contratación por exclusividad era legal, necesaria y estaba debidamente justificada por las características de un mercado altamente especializado. Procompetencia encontró, sin embargo, que la documentación examinada no demuestra que esa decisión estuviera precedida por una búsqueda suficientemente amplia y actualizada de posibles proveedores nacionales e internacionales.
La diferencia entre ambas posiciones se concentra en una pregunta sencilla: ¿participaban pocas empresas porque el mercado realmente tenía pocos proveedores capaces o porque los propios pliegos, plazos y condiciones reducían las posibilidades de competir?
Para Procompetencia, la baja participación registrada anteriormente no permitía responder esa pregunta ni justificaba, por sí sola, continuar utilizando la exclusividad.
Diez procesos bajo la misma modalidad
PROCOMPETENCIA examinó diez procedimientos de contratación correspondientes a servicios de nutrición clínica y diálisis peritoneal domiciliaria. Todos fueron convocados por el Servicio Nacional de Salud mediante la modalidad de excepción por exclusividad.
Los procesos se realizaron entre 2020 y 2025 para cubrir periodos de 12 o 24 meses. La continuidad de esos servicios explica que el Estado necesitara contratarlos periódicamente, pero el organismo advirtió que esa necesidad no bastaba para convertir una modalidad excepcional en un mecanismo permanente.
Cada nueva convocatoria requería comprobar si todavía existían las condiciones que justificaban contratar dentro de un universo reducido de proveedores. El problema identificado es que los informes justificativos se apoyaron principalmente en la poca participación observada en procesos anteriores. PROCOMPETENCIA determinó que ese antecedente histórico no sustituía un estudio actualizado del mercado.