Cifras sobre delincuencia en gobiernos del PLD ponen en aprietos a Charlie Mariotti

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Santo Domingo. Siguiendo una práctica desleal de ganancias, apostando al olvido de los hechos y de la historia, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, le endilga fracasos al actual Gobierno en asuntos de seguridad ciudadana mientras opta por ocultar las derrotas de su organización en esa materia e igual hace con su récord en corrupción.

Para hacer más dramática su crítica al Gobierno, Mariotti asegura que el cambio prometido por Luis Abinader ha sido “un atraco”. Con esta afirmación lo único que ha conseguido es despertar recuerdos sobre el trauma colectivo causado por una acción criminal que casi costó la vida al ídolo del beisbol dominicano, David Ortiz, durante el último Gobierno del PLD.

Dos años después del final traumático de la última Administración de Danilo Medina, el Gobierno de Abinader enfrenta una herencia delictiva de 20 años que se mezclaba con un imperio de corrupción de calado tan profundo en el Estado que terminó con la presión de hasta familiares cercanos al mandatario peledeísta. Lo demás es historia contada por las estadísticas del fracaso en materia de seguridad ciudadana durante 20 años de administraciones de gobiernos del partido de Charlie Marioti.

Durante todo ese tiempo, las estrategias para combatir la criminalidad y otras formas de delito quedaron rezagadas mientras los delincuentes se mostraban desafiantes asaltando bancos, colmados, viviendas, transeúntes y mataban por paga o robaban vehículos con métodos tan aterradores como el entierro de sus víctimas en fosas comunes. Basta solo con recorrer el espacio de 2012, cuando empezó el último tramo de ocho años de gobierno del PLD bajo la presidencia de Danilo Medina. En ese año se produjeron 2,268 homicidios, en su mayoría con armas de fuego.

En 2013 sucedieron 2,526 muertes violentas, de las que 1,978 correspondieron a homicidios. El país sufría una crisis de seguridad muy preocupante, con 568 suicidios registrados ese año. También se produjo el robo de 8,598 vehículos, en su mayoría motocicletas. Ese torrente delictivo forzó al presidente Medina a anunciar, en marzo de ese año, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana para bajar los altos índices de delincuencia.

Se creó el Observatorio de Seguridad Ciudadana con el fin de registrar los hechos delictivos y muertes violentas, al que se incorporó el programa Vivir Tranquilo. Pero, a pocos meses de constituir estos instrumentos de lucha contra el delito, el gobierno peledeísta recibió de respuesta el asesinato durante un asalto de la oficiala Zuleyka Ponciano, guardaespaldas de una de las hijas del propio presidente Medina.

En 2014 se constituyó el Consejo Nacional de la Seguridad Ciudadana, integrado por los Ministerios de la Presidencia, Interior y Policía, Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República, Policía Nacional y el Consejo Nacional de Drogas. Sin embargo, nada de esto tuvo éxito. Los mismos elementos y cifras registrados por el Observatorio revelan que de todos los homicidios registrados en 2014 y 2015, alrededor del 30% guardaban relación con la delincuencia.

Al finalizar 2020, con Medina listo para abandonar el poder, el Observatorio de Seguridad Ciudadana informó que solo entre enero y septiembre se perpetraron 705 homicidios. En ese mismo periodo, las muertes relacionadas con el uso de armas de fuego alcanzaron los 353 casos, de los que el 50% fueron cometidos con armas de fuego y el 36% con armas blancas. Una prueba contundente del peligro existente entonces en las calles lo refleja el informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana cuando indicaba que “la vía pública representa la mayor incidencia, con 490 del total de casos; las residencias, con 140; y entidades comerciales, con 44 muertes”. Mientras tanto, las fincas, montes o solares sumaron 21 casos y, los demás lugares, 10 de estos hechos fatales.

El final del informe es demoledor para la campaña de manipulación puesta en marcha en el PLD y Charles Marioti, cuando ese Observatorio, creado por el propio Gobierno de Medina, estableció en 2020 que el “70% de los homicidios siguen ocurriendo en la vía pública”.

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